Royal Decree 233/2013, on energy saving of rental housing, building restoration and urban regeneration and renovation
Category: Executive
Document Type: Royal Decree
Role: Main
Spain's Royal Decree 233/2013 Regulating the 2013-2016 State Housing Plan, Including Building Rehabilitation and Energy Efficiency Subsidies
This Royal Decree 233/2013, of April 5, published in the Official State Gazette on April 10, 2013, regulates the State Plan for promoting housing rental, building rehabilitation, and urban regeneration and renovation for the period 2013-2016 in Spain. The Decree acknowledges the constitutional right to adequate housing and the need to reorient housing policies in response to the economic crisis, which has resulted in a large stock of unsold new homes and difficulties in accessing housing due to labor market precarity and credit restrictions. The plan aims to address these issues through various measures, including a specific program for the energy renovation of residential buildings to improve energy efficiency. Under this program, eligible measures for subsidies include improving the thermal envelope to reduce energy demand for heating and cooling, installing or upgrading heating, cooling, domestic hot water, and ventilation systems, and improving common building facilities such as lifts and lighting. To qualify for these subsidies, the building's total annual energy demand for heating and cooling must be reduced by at least 30% compared to pre-implementation levels, as verified by an energy performance certificate. The plan covers the period from 2013 to 2016 and affects the housing sector, building owners, tenants, and the construction/renovation industry.
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Full text:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 86 Miércoles 10 de abril de 2013 Sec. I. Pág. 26623 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE FOMENTO 3780 Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. I La garantía constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada, como responsabilidad compartida de todos los poderes públicos, se ha venido procurando durante los últimos años, mediante distintas políticas, entre las cuales, las correspondientes al ámbito fiscal y de ayudas públicas para la adquisición de viviendas libres, o protegidas, han tenido una amplia repercusión. Las ayudas públicas fueron reguladas en los sucesivos planes estatales de vivienda y, sin perjuicio de algunas singularidades menores, mantuvieron a lo largo del tiempo un carácter unitario y constante, tanto en su diseño, como en su contenido. Por su parte, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en su propio ámbito competencial, han establecido ayudas adicionales o de nuevo cuño, que completaban el amplio espectro de ayudas públicas en materia de vivienda. La actuación estatal en esta materia se ha traducido en los sucesivos planes de vivienda de 1981-1983 (Real Decreto 2455/1980, de 7 de noviembre), 1984-1987 (Real Decreto 3280/1983, de 14 de diciembre), 1988-1992 (Real Decreto 1494/1987, de 4 de diciembre), 1992-1995 (Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre), 1996-1999 (Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre), 1998-2001 (Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio), 2002-2005 (Real Decreto 1/2002, de 11 de enero) y 2005-2008 (Real Decreto 801/2005, de 1 de julio). El último de estos planes es el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado mediante Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre. Todos estos planes tienen elementos comunes: fomentan la producción de un volumen creciente de viviendas, se basan en la ocupación de nuevos suelos y en el crecimiento de las ciudades y apuestan, sobre todo, por la propiedad como forma esencial de acceso a la vivienda y establecen unas bases de referencia a muy largo plazo, para unos instrumentos de política de vivienda diseñados en momentos sensiblemente diferentes de los actuales. La crisis económico-financiera que afecta a nuestro país y que se manifiesta con especial gravedad en el sector de la vivienda, pone hoy de manifiesto la necesidad de reorientar las políticas en esta materia. En efecto, tras un largo periodo produciendo un elevado número de viviendas, se ha generado un significativo stock de vivienda acabada, nueva y sin vender (en torno a 680.000 viviendas) que contrasta con las dificultades de los ciudadanos, especialmente de los sectores más vulnerables, para acceder a una vivienda, por la precariedad y debilidad del mercado de trabajo, a lo que se une la restricción de la financiación proveniente de las entidades crediticias. En paralelo, el mercado del alquiler de vivienda en España es muy débil, sobre todo si se compara con el de los países de nuestro entorno. Según los datos del último censo disponible, el alquiler significa en España, el 17%, frente al 83% del mercado de la vivienda principal en propiedad. En Europa, en porcentajes medios, el mercado de la vivienda principal en alquiler representa el 38%, frente al 62% de vivienda en propiedad. La realidad económica, financiera y social hoy imperante en España, aconseja un cambio de modelo que equilibre ambas formas de acceso a la vivienda y que, a su vez, propicie la movilidad que reclama la necesaria reactivación del mercado laboral. Un
Tags: Buildings, Energy, Energy Conservation, Energy Demand, Energy Efficiency, Funding, Grant, Housing, Incentive, Policy, Regulation, Subsidies
Sector: Buildings;Energy;Urban;Water